Los 174.154 electores del archipiélago de Nueva Caledonia optarán este domingo entre acceder a la independencia o continuar siendo un departamento francés.
“¿Quiere que Nueva Caledonia acceda a la plena soberanía y sea independiente?”, es la pregunta a la cual deberá responder la población de ese puñado de islas ubicadas entre el mar de Coral y el Pacífico sur, a más de 18.000 kilómetros de Francia.
Los últimos sondeos pronostican una amplia victoria del “no”: 68 % de la población estaría en contra de la independencia, incluida una gran parte del pueblo indígena canaco que constituye menos de la mitad del electorado y que ha reclamado esta consulta con mayor ahínco.
El gobierno francés mantiene la neutralidad y oficialmente no participó en la campaña, pero trabajó en forma discreta para evitar la independencia del archipiélago.
Territorio francés desde 1853, poblado por 269.000 habitantes, Nueva Caledonia goza desde hace 30 años de un estatuto particular que le dio derecho a tener instituciones propias, autonomía administrativa y poderes para firmar acuerdos con otros Estados y ser miembro de pleno derecho en organismos internacionales. Las autoridades de París solo conservan los llamados poderes regalianos referidos a defensa, justicia, interior y acuñación de moneda.
El referéndum será la culminación de un proceso de descolonización inédito en la historia de la Quinta República que permitió evitar una guerra civil tras la espiral de violencia que sacudió el archipiélago en los años 1980. Los enfrentamientos entre un movimiento independentista liderado por los habitantes canacos y la población de origen europeo estallaron cuando las poblaciones locales reclamaron la devolución de las miles de hectáreas de tierra arrebatadas por los colonizadores. Esos graves incidentes, que provocaron en total más de 80 muertos, alcanzaron su punto crítico en mayo de 1988 con una toma de rehenes en la cueva de Uvea que provocó 19 independentistas y 6 militares muertos.
Un mes después, los llamados acuerdos de Matignon de 1988 abrieron un proceso de reconciliación y emancipación del territorio, fundado en un reequilibrio económico y geográfico y un poder político compartido. Diez años más tarde los Acuerdos de Numea terminaron de redefinir las actuales condiciones de autonomía.
Durante la campaña previa al referéndum, los independentistas exigieron una plena soberanía como único medio para lograr un reparto equilibrado de poder, riqueza y derechos. Los partidarios del status quo advierten que la separación de Francia provocaría más pobreza y una fuga de las inversiones extranjeras.
Gracias a la explotación de sus riquezas de níquel—que representan un cuarto de las reservas mundiales—y las transferencias del Estado por valor de 1.400 millones de euros anuales, Nueva Caledonia tiene el alto nivel de vida de todos los territorios franceses de ultramar. Su ingreso es de 30.000 euros anuales por habitante, esas cifras ocultan una fuerte desigualdad entre los canacos y la población europea. Además, el elevado costo de vida (34% superior al de la metrópoli) ha originado frecuentes explosiones de cólera de la población.
Cualquiera sea el resultado, el Congreso de Nueva Caledonia tendrá la posibilidad de exigir dos nuevos referendos antes de 2022, si la solicitud es apoyada por un tercio de los 54 diputados, entre los cuales hay 25 independentistas.
Por la diferencia horaria, los resultados serán conocidos a las 10 de la mañana del domingo en Francia (2 de la madrugada tiempo de México). El presidente Emmanuel Macron dirigirá poco después un mensaje al paísy el primer ministro, Edouard Philippe, viajará el lunes a Numea para reunirse con todas las fuerzas políticas del archipiélago.
